Economía
El Gobierno inicia su andadura con medidas urgentes para hacer frente a la crisis.
Solbes anuncia una inyección de diez mil millones de euros para frenar el deterioro económico.
En el plan se incluye la rebaja tributaria de 400 euros para los constituyentes, que será efectiva en la nómina del mes de julio.
AGENCIAS.
El Gobierno no quiere perder un minuto tras la toma de posesión. Tal como anunció Zapatero en campaña electoral, las primeras medidas serán para encarar el desgaste de la economía y hacer volver la confianza de los inversores. Por ello, el Gobierno aprobará el vierne una inyección de 10.000 millones de euros para paliar los efectos de la desaceleración económica en España, según como anunció ayer el vicepresidente segundo y titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. El dinero beneficiará a los ciudadanos, a las empresas, a las familias y a los desempleados. Las declaraciones tuvieron lugar tras la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional(FMI)en Washington.
El paquete-que recibirá el visto bueno del primer Consejo de Ministros ordinarios del nuevo Gobierno-recogerá la rebaja tributaria de 400 euros para los constituyentes, que se hará efectiva en la nómina de julio. La puesta en marcha de esta medida fue una de las anunciadas por el presidente Rodríuez Zapatero durante en debate de investidura y tendrá un coste de 6.000 millones de euros.
PAGO DE VIVIENDAS.
Otras iniciativas que verán la luz el día 18 estarán destinadas a mejorar la liquidez de las empresas, así habrá 4.000 millones para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas compañías. Igualmente, el Consejo sacará adelante iniciativas encaminadas a facilitar el pago de la compra de una vivienda pública.
Los desempleados también se verán beneficiados. El Consejo aprobará el plan de rápida recolocación para los últimos parados, anunciado a primeros de febrero por el anterior Ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Consiste en un programa de formación profesional; financiado por las cotizaciones de empleadores y empleados, destinado a unos 500.000 desocupados; desarrollado por 1.500 orientadores profesionales; y con un coste superior a los 200 millones de euros. Las comunidades autónomas tendrán su participación, puesto que las políticas activas, entre las que figura el reciclaje profesional, están transferidas.
